La Justicia Federal allanó este viernes el Aeroclub Gualeguaychú en el marco de la causa que investiga los llamados “vuelos de la muerte”, una línea de pesquisa sobre el presunto traslado y lanzamiento de personas detenidas en el delta mesopotámico durante la última dictadura cívico-militar.
El procedimiento alcanzó todas las dependencias de la institución, donde funciona el aeródromo local. Fue ordenado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y ejecutado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito, según publicó R2820 y reprodujo Informe Digital.
Las requisas fueron dispuestas por la fiscal federal Josefina Minatta, que busca documentación y registros capaces de reconstruir los movimientos de aeronaves ocurridos hace casi medio siglo.
Archivos de vuelo bajo la lupa
El aeródromo fue creado en la década de 1950, pero el operativo se concentró en los archivos correspondientes al período comprendido entre fines de 1973 y diciembre de 1983.
La investigación procura determinar si desde esas instalaciones despegaron, aterrizaron o recibieron asistencia aeronaves vinculadas con los denominados “vuelos de la muerte”. Ese mecanismo fue utilizado durante el terrorismo de Estado para hacer desaparecer a personas secuestradas en centros clandestinos de detención.
Los investigadores intentaron localizar planillas, libros de vuelo, registros de operaciones y cualquier otro documento que aporte datos sobre el movimiento de aviones o helicópteros militares en aquellos años.
Más medidas en el Delta del Paraná
En los últimos años, Minatta ordenó distintas inspecciones en el Delta del Paraná para tomar declaraciones y buscar registros que ayuden a esclarecer qué ocurrió en la región durante la dictadura.
La investigación también incluyó exhumaciones en tumbas NN de cementerios de la zona. En esas tareas participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante en representación del Estado nacional.
El allanamiento al aeroclub sumó nuevas evidencias a una causa que intenta reconstruir hechos ocurridos hace aproximadamente cinco décadas e identificar a posibles víctimas y responsables de delitos de lesa humanidad.