La información presupuestaria de la Dirección Administrativa 956 (Policía), muestra un crédito calculado que pasó de $10.405.000.000 en 2023 a $52.285.000.000 en 2024, $78.068.200.635 en 2025 y $82.710.000.000 en 2026. La ejecución sobre ese crédito, sin embargo, fue desigual año a año: 74,3% en 2023, 54% en 2024, 64,7% en 2025 y apenas 33,5% en 2026, aunque este último dato corresponde solo al primer semestre, por lo que resulta esperable que el porcentaje final sea mayor.
Lo más significativo aparece al desagregar el crédito por inciso. Entre 2023 y 2026, el Inciso 1 (Gastos en Personal) multiplicó su presupuesto por 6,4 veces, de $3.418.300.000 a $21.740.000.000. El Inciso 2 (Bienes de Consumo) creció de manera similar, 6,5 veces, de $3.157.800.000 a $20.629.600.000. El Inciso 4 (Bienes de Uso, es decir equipamiento e infraestructura) subió 5,2 veces, de $1.191.900.000 a $6.180.000.000. Pero el Inciso 3 -Servicios No Personales, la categoría que incluye contratos con terceros como el de videovigilancia o mantenimiento- se multiplicó por 13 veces: de $2.637.000.000 en 2023 a $34.160.400.000 en 2026. En 2023 el Inciso 3 era el más chico de los cuatro; en 2026 ya es, con amplio margen, el más grande del presupuesto policial.
Equipamiento sofisticado
El informe detalla, año por año, decenas de compras de equipamiento policial mediante licitación pública, licitación privada y vía de excepción. Entre 2023 y 2026 se incorporaron por primera vez a la fuerza: drones VANT DJI Matrice 300 RTK (2 unidades, $79.700.000, adjudicados a Punto de Impacto S.A.), escudos y cascos con protección balística para los grupos especiales (varias compras sucesivas, entre ellas 36 cascos y 26 escudos balísticos por $217.620.000 y, en otra partida del mismo año, 39 cascos y 26 escudos por idéntico monto), un sistema de desbloqueo forense de celulares UFED por $166.350.122 (adjudicado a VEC S.R.L.), armas cortas y lanzadoras no letales Byrna (30 armas con equipamiento por $36.137.278 más 20 lanzadoras adicionales por $46.084.500, ambas a Bersa S.A.) y subfusiles semiautomáticos (5 unidades, $29.500.000, Punto de Impacto S.A.).
La compra más voluminosa en términos de unidades fue la de 1.300 chalecos antibalas -1.040 para hombres y 260 con diseño anatómico femenino-, que en 2025 se adjudicó de manera partida entre dos proveedores: FC Group por $655.200.000 y Tecnología Antibalística S.A. por $180.700.000, ambos por la misma cantidad de chalecos (1.300 con la misma composición 1.040/260), lo que sugiere que se trató de dos lotes separados de la misma licitación con precios unitarios muy distintos. El de FC Group casi triplica, en proporción, al de Tecnología Antibalística. Un patrón similar de adjudicación partida entre dos empresas por el mismo ítem se repite con 200 pistolas 9mm Bersa y 20 escopetas 12/70 Sarsilmaz (Bersa S.A. por $146.000.000 y Punto de Impacto S.A. por $11.500.080) y con un lote de motos Honda y camionetas Chevrolet S-10 (Oscar B. González por $119.100.000 y Rudas S.A. por $556.680.000).
En materia de movilidad, la flota policial incorporó en el período, entre otras unidades, 25 motovehículos Honda XR 150L, 10 camionetas Nissan Frontier 4×2 (2023), 10 camionetas Chevrolet S-10 4×2, 6 Chevrolet Cruze, 2 furgones Mercedes Benz Sprinter, 130 pistolas 9mm adicionales, 100 bicicletas rodado 29, 10 camionetas Ford Ranger 4×4 por $436.797.800, 5 camionetas Nissan Frontier adicionales en 2025 por $199.000.000 y 5 minibuses Mercedes Benz Sprinter 15+1 por $447.700.000, además de las 48 camionetas Nissan Frontier S 4×2 MT adquiridas en 2025 a través de la Unidad Central de Contrataciones del Estado que el propio informe destaca como una compra «que hacía muchos años no sucedía».
También se registran compras recurrentes de telas para la confección de uniformes (a Litoral Textil y, más recientemente, a Ramarcom), de borceguíes tácticos por vía de excepción a la Dirección General del Servicio Penitenciario, y de munición -incluidos cartuchos calibre 12/70, 9mm y 7,62- adquirida a la Dirección General de Fabricaciones Militares en dólares estadounidenses.
Videovigilancia, un mosaico de sistemas
El capítulo de videovigilancia es el más extenso del informe y confirma un patrón que se repite en casi todos los departamentos: la Policía monitorea las cámaras, pero en la gran mayoría de los casos no es propietaria de ellas ni conoce el detalle de los contratos de provisión, mantenimiento o conectividad, que son celebrados y solventados por los municipios o comunas. La excepción es la ciudad de Paraná, donde la División 911 y Video Vigilancia administra un Sistema Integral con 346 cámaras (306 en la ciudad, 11 en San Benito, 13 en Oro Verde y 16 en Colonia Avellaneda), que incluye cámaras domo PTZ, cámaras fijas, cámaras con reconocimiento facial y lectura automática de patentes.
La prestación integral -desde la gestión anterior de Gustavo Bordet- está a cargo de la empresa Patagonia Green S.A., contratada mediante Licitación Pública Nº 067/2020 (Decreto Nº 183 MGyJ del 24 de febrero de 2021, adjudicación por Decreto Nº 2032 MGyJ del 29 de julio de 2021), con inicio de contrato el 18 de febrero de 2022 y una vigencia de 72 meses. El monto pactado es de USD 120.000 mensuales durante el primer año y USD 357.000 mensuales desde el mes 13 hasta el mes 72 -es decir, prácticamente todo el resto del contrato-, lo que a lo largo de sus seis años de vigencia representa varios millones de dólares en moneda extranjera pagados por la Provincia a una única empresa proveedora. Desde 2025 se sumaron siete Tótems de Seguridad (Botones de Emergencia) en distintos puntos de la ciudad.
El resto del mapa provincial es heterogéneo. Algunos números relevados por jefatura departamental: Gualeguaychú reporta 695 cámaras en total, de las cuales 70 no funcionan, repartidas en ocho centros de monitoreo entre la ciudad cabecera y localidades como Urdinarrain, Gilbert, Perón Grande Belgrano, Enrique Carbó, Larroque e Irazusta. Colón cuenta con 206 cámaras, de las cuales solo 161 están en funcionamiento -un 78%-. Concepción del Uruguay y su departamento suman 409 cámaras instaladas con 386 operativas. Victoria reporta 58 cámaras entre la ciudad y tres localidades. Islas del Ibicuy tiene 47 cámaras en su jefatura departamental más 8 en la comisaría de Ibicuy. San Salvador declara 34 cámaras, de las cuales 7 no funcionan. Federación reporta un total de 79 cámaras, con 58 en funcionamiento y 21 fuera de servicio, además de la Comisaría Nº 1 de Chajarí con 73 cámaras (8 sin funcionar) y la Comisaría de Villa del Rosario, con apenas 2 de 13 cámaras operativas.
En Diamante el sistema está atomizado en más de una decena de localidades -Aldea Brasilera, Valle María, Libertador General San Martín (184 cámaras, la cifra más alta de todo el departamento), General Ramírez, Racedo, Strobel, entre otras-, cada una con su propio prestador privado (Redentech, Raser, Kranevitter Exequiel) y convenio municipal o comunal por separado. En La Paz la Jefatura no posee sala de monitoreo propia: todas las cámaras dependen de las municipalidades, y en el caso de la comisaría de Bovril el personal policial ni siquiera tiene acceso directo, ya que las cámaras las monitorea personal municipal de tránsito. En Nueva Vizcaya (Gualeguaychú) las seis cámaras existentes están directamente fuera de servicio por falta de suministro eléctrico.
Villaguay reporta 51 cámaras en su sala central (45 operativas) más otras dependencias con cámaras propias, mientras que en la Comisaría de General Urquiza dos de las cuatro cámaras existentes no funcionan. Concordia detalla una evolución creciente: de 107 cámaras municipales monitoreadas en 2023 a 177 en 2026 (incluyendo 6 lectores de patente), con un listado exhaustivo de más de 170 puntos de cámara identificados por intersección. Gualeguay reúne 151 cámaras bajo convenio directo con la Policía en la ciudad cabecera, más otras 88 en Galarza (de propiedad municipal) y coberturas menores en comisarías rurales.
Un dato transversal, repetido en los informes de Colón, Uruguay y Victoria: la Jefatura advierte explícitamente que no cuenta con información sobre el procedimiento de contratación, el objeto ni el monto de los contratos de las empresas proveedoras de videovigilancia, porque esas compras las gestionan y pagan directamente los municipios. Esto significa que, a diferencia del sistema de Paraná -licitado, con contrato y monto conocidos-, la enorme mayoría de las cámaras que la Policía de Entre Ríos utiliza para investigar delitos en el interior provincial fueron adquiridas y son mantenidas sin ningún tipo de fiscalización ni registro por parte de la propia fuerza.
En el plano de los controles fronterizos, el informe destaca la inauguración en 2025 de un nuevo puesto denominado «Paso Tuna», un destacamento policial y caminero fijo en el departamento Federación (San Jaime de la Frontera), sobre un camino vecinal que conecta Entre Ríos con Corrientes, presentado como punto estratégico para la seguridad vial y la prevención del narcotráfico.
Una dotación de más de 10 mil efectivos
La Policía de Entre Ríos informa una dotación total de 10.477 funcionarios. La distribución por jefatura departamental que acompaña el informe -Paraná 1.190, Concordia 1.013, Gualeguaychú 577, Uruguay 509, La Paz 415, Federación 398, Diamante 331, Nogoyá 281, Colón 297, Victoria 298, Villaguay 315, Federal 295, Gualeguay 290, Tala 238, Feliciano 223, San Salvador 153 e Islas del Ibicuy 147- suma 6.970 efectivos. La diferencia con el total declarado, 3.507 funcionarios, corresponde a estructuras no desagregadas por departamento: direcciones centrales, divisiones especiales (como Drogas Peligrosas, con sus 16 divisiones y 1 delegación del interior), personal administrativo de Jefatura y otras dependencias de alcance provincial no incluidas en el desglose territorial.
En materia de ascensos, la cantidad de oficiales promovidos creció año a año: 326 en 2023, 343 en 2024 y 364 en 2025. Entre los suboficiales el número osciló con más fuerza: 1.660 ascensos en 2023, un fuerte descenso a 894 en 2024 y una leve recuperación a 920 en 2025. El informe también detalla las designaciones de la conducción policial durante el período: Jefe y Subjefe de Policía de la Provincia por Decretos Nº 162/23 y 163/23 MGJ (20 de diciembre de 2023), directores y subdirectores por Decreto Nº 251/23 MSJ, y su renovación en diciembre de 2024 (Decretos Nº 3808/24 y 3810/24 MSyJ) y diciembre de 2025 (Decreto Nº 3641/24 E-GER-GOB).
Narcotráfico y narcomenudeo
El informe distingue dos fueros de intervención: las causas por Ley 23.737 (narcotráfico, competencia del Juzgado Federal de Paraná) y las causas por Ley provincial 10.566 (narcomenudeo, competencia de la Justicia provincial). En el fuero federal, entre 2023 y 2025 los secuestros de cocaína pasaron de 48.127 kilogramos en 2023 a 20.887,83 kilogramos en 2024 y treparon a 371.032,1 kilogramos en 2025 -casi ocho veces el volumen de 2023-, con solo 5 causas registradas ese año (frente a 7 en 2023) y 68 allanamientos. La marihuana secuestrada en el fuero federal también escaló: de 7.554,8 kilogramos en 2023 a 104.817,6 kilogramos en 2025. En el primer tramo de 2026 relevado se contabiliza una sola causa federal, con 4.939 kilogramos de marihuana y 2.991 kilogramos de cocaína secuestrados.
En narcomenudeo (Ley 10.566), la cantidad de causas se mantuvo relativamente estable -225 en 2023, 231 en 2024, 192 en 2025- pero los volúmenes de droga secuestrada también crecieron con fuerza: la marihuana pasó de 36.759,88 kilos en 2023 a 107.680,86 kilos en 2024 y 107.707,6 kilos en 2025, mientras que la cocaína bajó de 8.745 kilos en 2023 a 5.902,8 kilos en 2025, tras un pico de 25.603,98 kilos en 2024. Los detenidos por narcomenudeo también crecieron sostenidamente: de 309 hombres y 136 mujeres en 2023 a 577 hombres y 256 mujeres en 2025, y ya 315 hombres y 119 mujeres en el primer semestre de 2026.
El resumen acumulado que aporta el propio informe, para el período enero de 2023 a junio de 2026, es contundente: 774 causas totales, 1.129 allanamientos, 322.970,15 kilogramos de marihuana y 51.606,03 kilogramos de cocaína secuestrados, y 1.665 hombres y 699 mujeres detenidos (2.364 personas en total), sumando ambos fueros. Se registra además una causa por lavado de activos (Art. 303) bajo intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas.
Un dato llamativo por su bajo monto: la «Recaudación» de procedimientos vinculados a la Ley 23.737 -es decir, el dinero decomisado en operativos de narcotráfico- asciende, según el detalle del informe, a apenas $454.334,80 en total entre 2023 y 2026, repartidos en solo tres fechas documentadas (7 de noviembre de 2023, 30 de diciembre de 2025 y 6 de mayo de 2026). Se trata de una cifra extremadamente baja frente a los cientos de miles de kilos de droga incautados en el mismo período, lo que sugiere que el dinero en efectivo decomisado en los operativos -a diferencia de la droga- es un fenómeno marginal, o que su registro contable no está sistematizado del mismo modo que el de la sustancia secuestrada.
En cuanto a la destrucción de estupefacientes, el informe detalla incineraciones ordenadas por distintos juzgados: 6.585,2 kilogramos de marihuana y 151,1 gramos de cocaína en 2024 (Juzgado Provincial de Paraná); 14.682 kilogramos de marihuana y 427,1 gramos de cocaína en 2025 (mismo juzgado); 143,624 kilogramos de marihuana y 11,941 kilogramos de cocaína en 2025 por orden del Juzgado Federal Nº1 de Concordia; y 978,47 kilogramos de marihuana y 358,90 kilogramos de cocaína en 2025 por el Juzgado Federal de Gualeguaychú.
Bajan arrestos, pero mantienen cesantías
El apartado de Asuntos Internos y Conducta Policial aporta el detalle de sumarios administrativos instruidos por categoría entre 2023 y 2026, distinguiendo causas activas y finalizadas en cuatro rubros: corrupción, inconductas (que incluyen robos, hurtos, homicidios y amenazas cometidos por personal policial), apremios y narcotráfico, además de una categoría residual «otros» (abandono de servicio, incomparecencias, insubordinaciones, pérdida o deterioro de bienes del Estado).
Por corrupción se instruyeron sumarios finalizados en 3 casos en 2023, 1 en 2024, ninguno en 2025 y ninguno en 2026 (con sumarios activos que bajan de 3 en 2024 a 0 en 2026). Los sumarios por inconductas (delitos comunes) muestran la mayor carga: 52 finalizados en 2023, 26 en 2024, 20 en 2025, con otros 29 activos abiertos en 2025 y 19 en 2026. Por narcotráfico dentro de la propia fuerza se registran sumarios activos crecientes: 1 en 2024, 3 en 2025.
Las sanciones aplicadas muestran una tendencia clara y sostenida a la baja en los arrestos -110 en 2023, 65 en 2024, 54 en 2025 y apenas 7 en el tramo de 2026 relevado- mientras que las cesantías (la sanción más grave, equivalente a la expulsión de la fuerza) se mantienen en un nivel relativamente estable y alto: 25 en 2023, 27 en 2024, 22 en 2025 y ya 9 en el primer tramo de 2026, lo que proyectado a año completo mantendría el ritmo de los años anteriores. Las medidas de «disponibilidad» (pase a situación pasiva mientras se sustancia el sumario) treparon de 4 casos en 2023 a 17 en 2025.
Combustible y racionamiento
La compra de combustible de la Policía de Entre Ríos se canaliza a través del sistema YPF Ruta, mediante un convenio marco firmado con el gobierno provincial al que cada jefatura adhiere con contratos propios. El racionamiento, por su parte, cubre a los funcionarios que cumplen servicio de guardia y a los detenidos alojados en dependencias policiales. Según el detalle de montos fijos anuales por jefatura o dirección, el total combinado de combustible y racionamiento asciende a $388.155.900 por año, de los cuales $260.348.400 corresponden a combustible y $127.807.500 a racionamiento.
La distribución está fuertemente concentrada: la Jefatura Departamental Paraná explica $86.619.900 del total (22,3%), de los cuales $32.767.500 son solo de racionamiento, es decir el 25,6% de todo el racionamiento provincial. La Dirección de Institutos Policiales, por su parte, tiene una composición atípica: de sus $38.745.000 totales, apenas $1.620.000 corresponden a combustible y nada menos que $37.125.000 (el 29% de todo el racionamiento provincial) a racionamiento, un patrón consistente con una dependencia que aloja personal en formación con comedor propio antes que con flota vehicular. En el otro extremo, jefaturas departamentales como Islas del Ibicuy, Federal o Feliciano no superan los $7 millones anuales cada una. El informe adjunta, en soporte digital, el listado completo de 213 proveedores de productos de racionamiento identificados por CUIT y jefatura o dirección, con base en el sistema SIAF.
Fuente: AnalisisDigital