La implementación de radares móviles en los accesos a Crespo volvió a instalar un fuerte debate entre vecinos. La polémica se desató luego de que numerosos automovilistas comenzaran a recibir multas por exceso de velocidad en la Ruta Nacional 12, con montos que, según los testimonios, oscilan entre los 300.000 y los 500.000 pesos, generando una ola de reclamos y un intenso intercambio en redes sociales. El ex director de tránsito cuestionó la decisión política
Sin embargo, el origen de la medida se remonta a septiembre de 2025, cuando la Municipalidad de Crespo inició gestiones conjuntas con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos para buscar una respuesta al incremento de la siniestralidad vial, particularmente en el acceso norte de la ciudad.
Como parte de ese proceso, se realizó un relevamiento técnico respaldado por un informe elaborado por la Oficina Municipal de Estadísticas, que fue presentado ante la Policía de Entre Ríos. El estudio identificó como puntos críticos las intersecciones de los accesos a Crespo con las rutas nacionales 12 y 131, corredores de intenso tránsito donde se habían registrado varios accidentes de consideración.
Sobre esa base se analizaron distintas herramientas para disminuir el riesgo, entre ellas la futura instalación de radares y otros dispositivos de fiscalización del tránsito.
No obstante, la puesta en funcionamiento del sistema derivó rápidamente en una fuerte reacción social. A pocos días de comenzar los controles, cientos de conductores manifestaron su malestar por el elevado valor de las infracciones, mientras las redes sociales se llenaron de cuestionamientos sobre el objetivo real de la medida.
Hartman cuestionó la decisión política
En ese contexto, el ex Director de Tránsito Municipal, Luis Hartman, formuló duras críticas durante una entrevista en el programa Todo Pasa. Allí sostuvo que el sistema tiene un marcado perfil «recaudatorio» y responsabilizó al Ejecutivo municipal por haber impulsado la colocación de los radares sin acompañar esa decisión con un reclamo firme por obras de infraestructura vial.
«Pidió que se pongan los radares, pero no lo escuché reclamar que arreglen la ruta», expresó Hartman, al cuestionar la falta de gestiones públicas para mejorar el estado de las rutas, pese a que funcionarios oriundos de Crespo ocupan cargos relevantes dentro del Gobierno provincial.
El exfuncionario también señaló presuntas irregularidades en la señalización y en la modalidad de funcionamiento de los radares móviles. Según explicó, las infracciones se notifican tiempo después de cometidas, sin una intervención inmediata que permita al conductor conocer la falta o ejercer su derecho de defensa en el momento, situación que —a su entender— desvirtúa el objetivo preventivo de los controles.
Además, advirtió que los importantes ingresos generados por las multas no se reflejan en mejoras concretas sobre la infraestructura vial.
«Antes de pensar en recaudar, tenemos que pensar en construir un sistema vial importante», sostuvo.
Seguridad vial o recaudación
Hartman también propuso un cambio de enfoque en las políticas públicas vinculadas al tránsito. Planteó que, antes de aplicar sanciones económicas de gran magnitud, deberían implementarse instancias obligatorias de capacitación en seguridad vial para los infractores, acompañadas por campañas permanentes de concientización y educación desde edades tempranas.
Mientras tanto, la discusión continúa creciendo tanto en el plano político como entre los usuarios de las rutas. El debate ya no se limita al valor de las multas, sino que alcanza el modelo de control elegido por las autoridades y la necesidad de combinar fiscalización con inversiones en infraestructura y políticas de prevención.
Así, la controversia por los radares móviles volvió a poner sobre la mesa una pregunta que divide opiniones en Crespo: si las fotomultas constituyen una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad o si terminan priorizando la recaudación en un contexto donde persisten importantes deficiencias en la red vial. En el medio los usuarios que en su mayoría sostiene que la medida es necesaria pero al mismo tiempo expresan fuertes cuestionamientos a los valores de las multas.
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