La segunda audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en Paraná San José SA no prosperó: la empresa no acudió a la Secretaría de Trabajo y en vez de eso presentó un escrito en el que dio razones de su posición.
El primer encuentro había ocurrido el viernes último. De igual modo, se abrió un cuarto intermedio hasta la próxima semana, publicó Entre Ríos Ahora.
UTA procura que San José dé cumplimiento a una medida cautelar habilitada por un juez laboral porteño, que en noviembre de 2025 impuso la obligación a la prestataria de absorber a los 237 trabajadores que habían pertenecido a la exprestataria Buses Paraná. San José ha venido rehusando esa medida con el argumento de que acceder a esa petición implicaría violentar el contrato de concesión.
«El análisis es simple: si se avanzara en la incorporación de un grupo de trabajadores fuera de las condiciones del pliego (más allá de la desvinculación que deberíamos hacer de actuales empleados) se corre el serio riesgo de que quienes prestaban servicios en la anterior permisionaria estén trabajando o se hayan dado por despedido soliciten el reconocimiento de la antigüedad (sea a los fines salariales o indemnizatorios)», justifican desde la empresa.
¿Cuántos son los empleados en esa condición? Está claro que no son 237. En UTA hablan de poco menos de la mitad. En San José varían entre 30 a 50 personas. Sea cuantos fueren, lo cierto es que la vía del diálogo no alcanzó para llegar a un acuerdo.
Hugo Ruiz, representante de San José, hizo una presentación ante eo director de Trabajo, Juan Pablo Irurieta, que dice que «corresponde dejar sentado que la totalidad de los trabajadores que actualmente prestan servicios para Transporte San José SA sean éstos provenientes de la anterior permisionaria o no, se encuentran desempeñándose bajo las condiciones, exigencias y parámetros establecidos en el pliego licitatorio vigente. En consecuencia, no existe posibilidad material ni jurídica de efectuar concesión alguna en el sentido pretendido por la asociación sindical, siendo precisamente ello parte sustancial de la controversia planteada. Asimismo, debe señalarse que la eventual incorporación de un nuevo grupo de trabajadores —aun bajo las condiciones previstas en el pliego— importaría necesariamente la desvinculación o desplazamiento de personal que actualmente se encuentra prestando servicios efectivos, toda vez que la totalidad de los puestos de trabajo se encuentran debidamente cubiertos. Admitir una solución de esa naturaleza implicaría afectar derechos de trabajadores actualmente activos, generando un conflicto adicional e injustificado». ER Ahora