La controversia judicial en Entre Ríos puso en evidencia la tensión entre el marco normativo de promoción saludable sancionado en 2018 y el nuevo sistema centralizado impulsado por la gestión provincial.
La reciente medida cautelar dictada por la Justicia de Entre Ríos dejó al descubierto un contrapunto central entre el marco legal vigente en la provincia —encabezado por la Ley N° 10.594 y la Ley Nacional de Etiquetado Frontal (N° 27.642)— y el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas que intenta implementar el Poder Ejecutivo provincial, puntualizó Info Paraná.
A continuación, los puntos nodales que diferencian y enfrentan a ambos modelos:
- Filosofía y enfoque del servicio
Ley N° 10.594 (Marco Legal Promocional): Concibe la alimentación en las escuelas como una política educativa y de salud pública. Promueve un cambio de hábitos a través de una Guía de Alimentos Saludables elaborada por nutricionistas, priorizando insumos frescos, frutas de estación y productos de elaboración regional, libres de exceso de azúcares y grasas.
Nuevo esquema del Gobierno Provincial: Está diseñado bajo una lógica de eficiencia administrativa, optimización logística y transparencia fiscal. Busca pasar de un esquema descentralizado o de compras tradicionales a una provisión unificada y centralizada de alimentos no perecederos para garantizar trazabilidad, evitar irregularidades en las compras y asegurar la distribución uniforme en toda la provincia.
- Composición de los menúes y el nudo judicial
Ley N° 10.594 / Ley 27.642: Prohíben de forma taxativa la oferta, venta o entrega en establecimientos educativos de productos envasados que contengan sellos de advertencia (octógonos negros) por exceso de sodio, azúcares, calorías o grasas.
Nuevo esquema del Gobierno Provincial: Incorporó productos industrializados de larga vida útil para resolver la logística de entrega masiva. Sin embargo, en las fichas técnicas del nuevo sistema se detectaron al menos 23 productos que presentan octógonos de advertencia, lo que motivó el freno cautelar de la Justicia tras las denuncias de gremios docentes, padres y organizaciones ambientales.
- Argumentos y prioridades del Poder Ejecutivo
Desde la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Desarrollo Humano sostienen que:
Garantía del servicio: La prioridad fiscal e institucional es asegurar que el 100% de la matrícula escolar reciba su ración en tiempo y forma, de manera ordenada y sin interrupciones.
Combate a la discrecionalidad: Argumentan que el modelo previo daba margen a sobreprecios e irregularidades en los fondos destinados a comedores.
Instancia provisoria: El Ejecutivo apelará la medida cautelar argumentando que el proceso judicial recién inicia y defensas técnicas demostrarán la viabilidad del nuevo plan sin descuidar el bienestar estudiantil.
Info Paraná
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